La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, sobre quienes la Audiencia de Sevilla tendrá que dictar un nuevo fallo acotado solo a determinados hechos relacionados con la prevaricación, ha provocado una riada de reacciones en todos los partidos, encabezadas por un PSOE que reclama "respeto" a las sentencias y un PP que califica lo ocurrido como un "escándalo".
Cabe recordar que la corte de garantías ha exonerado a Chaves, que fue condenado a nueve años de prisión en la pieza política del caso por prevaricación, de todas las actuaciones entre 2002 y 2009 y solo será sentenciado de nuevo por las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001. Mientras que Griñán, que fue condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación, ha sido exonerado por completo de la malversación y en gran parte de prevaricación, salvo por las modificaciones de diciembre de 2004 del programa 32H.
Tras conocerse los nuevos fallos del TC, la ministra portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, ha expresado el "máximo respeto" a estas decisiones y ha considerado que sería "deseable" que otros partidos, en alusión al PP, también lo hicieran. Aunque ha matizado que "seguramente si me hicieran esta pregunta fuera de esta mesa y fuera de este contexto [en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros], le podría decir que haría mucha gala, máxima gala, de mi apellido".
Además, fuentes de la dirección del partido se han mostrado dispuestos a a favorecer que vuelvan a ser militantes del PSOE al considerar que se trata de una "cuestión de justicia", por lo que abren los brazos al regreso tanto de los expresidentes andaluces como de otros dirigentes exonerados.
Antes de conocerse las resoluciones del TC de este martes, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, reclamó al PP que "abandone" su comportamiento "infantil" en relación a los pronunciamientos de la corte de garantías. "Es inconcebible que si te dan la razón, estás de acuerdo con el tribunal, y si no te la dan, no estás de acuerdo con el tribunal", ha dicho el socialista.
También desde el PP nacional han denunciado que es un "escándalo" que el Gobierno "quiera hacer del TC un borrador mágico de la corrupción". Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha querido dejar claro que en su partido "respetamos las decisiones y por tanto ahí no nos van a encontrar criticando absolutamente nada", pero ha añadido que la conformación del alto tribunal, con dos exmiembros del Gobierno, "pone en duda la imparcialidad del trabajo que se está haciendo".
La Junta, por su parte, asegura que se resigna ante lo que considera "decisiones absolutamente incomprensibles" del Constitucional que, por otro lado, cree que "ya no son noticia". En este sentido, el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que la Junta "no tiene especial interés en que nadie permanezca o ingrese en prisión" sino en "recuperar hasta el último céntimo defraudado". Y ha lamentado la "confusión" que genera el PSOE al hablar de "absolución o perdón", porque el TC "no puede absolver a nadie".
Apoyo del socio de Gobierno
El diputado de Sumar Enrique Santiago ha incidido en que prevaricar no es "aprobar leyes" sino "incumplirlas conscientemente" y ha respaldado la decisión del TC que ve vulnerado el derecho a la legalidad penal de Chaves, al considerar que ha aplicado un criterio "de total sensatez". Lo que no era sensato, ha insistido, es que "hubiera tribunales que vieran prevaricación en la aprobación de una norma por las cámaras, donde reside la soberanía nacional. Eso es una interpretación de la ley y una intencionalidad política que no cabe en un Estado de derecho".
Por su parte, el líder de IU, el andaluz Antonio Maíllo, que sí coincide en que "aplicar la ley no es delito", ha matizado que la responsabilidad política del PSOE en el caso de los ERE "se mantiene" por el "descontrol" que generó prácticas "delictivas" en aplicación de esas ayudas. Para el coordinador federal, el problema ha surgido cuando "se ha querido vincular la responsabilidad política con la penal" porque "ni la absolución penal te exime de la política ni una culpabilización política debe conducir a otra penal". Además, ha cargado contra el PP, asegurando que "ha buscado la foto de Griñán entrando en la cárcel a sabiendas de que no tenía responsabilidad penal alguna".
Las declaraciones más severas han llegado desde Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, ha denunciado que "el hampa gobierna España y el Tribunal Constitucional lo hace posible porque el PP se lo ha regalado al PSOE". En un mensaje en sus redes sociales, ha señalado que "el PP y el PSOE han consagrado la desigualdad entre españoles", al tiempo que ha alertado de que los votantes de ambas formaciones "deben saber que han utilizado su voto para crear una clase privilegiada e impune".
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, que ha afirmado que la decisión del TC sobre los expresidentes "completa la traición a todos los andaluces humildes y honrados". Y ha añadido que, "por más que traten de borrar su historial delictivo", los ERE "es y será el mayor caso de corrupción y estuvo protagonizado por el PSOE".
Vox, además, ha anunciado que se querellará contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, por prevaricación tras las últimas sentencias sobre Chaves y Griñán, así como contra los magistrados del bloque progresista que se han posicionado a favor.
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